Desde
hace unos largos años se ha venido utilizando la motocicleta para prestar
inicialmente el servicio a los vecinos,
que por deficiencia en el transporte requerían de este sistema para poder
llegar a sus trabajos, llevar sus hijos al colegio, traer a sus hogares las
provisiones, es decir era un servicio casi comunitario. También desde hace unos
años se ha venido incrementando en las ciudades este servicio, que por tratarse de motos con placas
particulares y porque no se ha
autorizado ni reglamentado por el
gobierno nacional a través del ministerio del transporte ni por las
autoridades locales, es catalogado de ilegal.
El
fenómeno del mototaxismo es una realidad, es una actividad que muchas personas
desarrollan para conseguir el sustento diario de una familia, es un problema
social al que todo gobernante le hace el
quite en público, pues atacarlo es antipopular frente a algunos gremios, y en otros
casos esos gobernantes saben que no tienen en sus municipios un transporte bien
organizado, de alta cobertura a todos los lugares urbanos y rurales, con un
servicio de calidad y asequible a todos los estratos sociales; en esas condiciones
se salen por la tangente argumentando que apoyarlo es ilegal.
No hay ninguna parte
de la Constitución que prohíba el derecho al trabajo, el gobierno ha reglamento
el uso de las motocicletas y sanciona a través de las secretarias de transito
locales el uso de la moto como servicio de transporte público; en uno de sus
decretos habilita a los alcaldes para reglamentar el uso de las motos, con
horario y la eliminación de los parrilleros.
En Melgar se calcula que a la fecha existen 300 motoratones, en lo
que va corrido del año se han involucrado en accidentes 21 y en seis casos se
han escapado del lugar del accidente dejando abandonado el pasajero herido, no
respondiendo por los hechos con el fin que no se les inmovilice el vehículo. Se
conoce que no todos son de Melgar, vienen de ciudades donde han implantado el
decreto y no pueden transportar parrilleros y el horario de circulación es hasta
las 11:00 de la noche, como son Espinal, Girardot, Fusagasugá, Flandes, entre
otros.
Si bien es cierto en los sectores de los barrios unidos el
transporte público no es el mejor o no se presta y sus residentes requieren del
servicio, también es cierto que no todos los que operan estos vehículos son
propietarios y derivan su sustento de ello; otros lo tiene de negocio con
varias motos y les resulta muy lucrativo. Pero igual las autoridades han
detectado que desde este medio se está filtrando una red de micro tráfico, que
ha desprestigiado el oficio y lo ha vuelto peligroso.
Este es un buen negocio para algunos que tienen varias
motocicletas y las dan por arrendamiento diario, entre ellos funcionarios
oficiales, personal del ejército, otras entidades como los mismos
transportadores del servicio urbano que han vendido sus vehículos y apoyan la
ilegalidad. Es bueno que las autoridades verifiquen las motos que prestan este
servicio para averiguar quiénes son sus propietarios, cuantas motos tienen operando y hacer un
seguimiento ya que son estos comerciantes
los beneficiados y no las persona que
realmente lo necesitan.
El balón lo tienen las
autoridades, quien reglamenta y controla el transporte en el municipio es el
alcalde, a través de la Secretaría de Tránsito; pero es el mismo alcalde quien debe
propiciar soluciones a los problemas sociales del municipio, con diálogo y
concertación, en favor de todos los habitantes, de todos los estratos, en
últimas esta debe ser la esencia de todo gobierno al servicio de la gente.
