Por:
OSNOGO
Si
bien es cierto el lote de terreno que se compró con el fin de la construcción
de la terminal de transportes de Melgar, se hizo durante la administración del Ingeniero
Alejandro Martínez, también es cierto que durante las administraciones de
Eduardo Táutiva y Gentil Gómez, se revisaron algunos temas de dicha compra y se
aclararon otros que se finiquitaron debidamente para proceder, por acuerdo del
honorable concejo de Melgar, a autorizar la constitución de la sociedad y entregar el lote como dación de pago por la participación
accionaria.
En
el acuerdo del concejo donde se autoriza la dación en pago del lote se
contempla el valor de $770 millones los cuales son dados por 770 acciones de 1 millón
de pesos, es decir, el municipio iniciaba su participación con 770 acciones de
las 1.650 que inicialmente se habían autorizado por la asamblea general de
accionistas de la terminal de transportes de Melgar. En nueva reunión de asamblea general se autoriza la emisión de nuevas acciones
hasta 3.500 millones y se invita al municipio para participar comprando
acciones, cosa que no sucedió y otros interesados compran, entre esos la
gobernación del Tolima con 500 acciones. Se produce otra nueva autorización
para llegar a 7.500 acciones, del capital autorizado, en las cuales no
participan las entidades oficiales, pero sí las compran los interesados en el
proyecto, es decir los transportadores; en estas condiciones del casi 49% que
inicialmente tenía el municipio y con las acciones del departamento solo quedan
con el 20% del total accionario en las entidades oficiales.
Para
tener en cuenta el tema accionario, es importante conocer del derecho
societario y un poco de cómo funciona el tema de la participación accionaria,
es donde se vislumbra el por qué se pierde porcentaje accionario; cuando se
autoriza la emisión de acciones por parte de la asamblea general de accionistas,
también se entiende que todos los socios tienen derecho de comprar más acciones,
por esta razón quien más compra, más acciones y participación tiene.
Por
la mínima participación accionaria de las entidades oficiales y la mayoría en
manos de particulares, la sociedad se regirá por el código de comercio como
empresa privada.
Inicialmente
se registra la transacción y en la oficina de registro de instrumentos públicos
se determina la matricula inmobiliaria No. 366- 37516, que es por la cual
autoriza el concejo la creación de la sociedad y la dación del terreno por las
acciones. Cuando ya opera la sociedad se requiere comprar otra extensión de
terreno a la sociedad Comercializadora
Inversiones Acosta Novoa e hijos Limitada sociedad en Comandita, es necesario
incluirla en el lote inicial y por supuesto se produce un nuevo registro el cual
aparece en la oficina de Instrumentos públicos con la matricula inmobiliaria
No. 366 – 40170, la cual crea la confusión, al pedir con el proyecto de acuerdo
la ratificación de las facultades al alcalde.
Al conocerse el error de la
matricula inmobiliaria se le pide a los concejales se haga la aclaración
modificatoria, y la directora de la oficina de Planeación, autorizada por el
ejecutivo, pide se devuelva el proyecto a la comisión para hacer la
correspondiente modificación y se autorizaba las sesiones extraordinarias para
su estudio y aprobación. Los honorables concejales del grupo opositor en su
afán de hundir el proyecto y perjudicar la sociedad, no aceptan ninguna de las
fórmulas propuestas y en votación final del proyecto deciden archivarlo.
Se
quejaban los concejales que la obra debía ser entregada a finales del mes de
noviembre del año pasado, pero se les olvida que es una empresa de carácter
privado que no está sujeta al vencimiento de plazos acordados y que es de
soporte y decisión de la Junta directiva prorrogar el plazo y sobre todo la
consecución de los recursos para terminar la construcción que a la fecha lleva
un avance del 75%. No era nada más que la aclaración de un tema de registro,
que solicita el banco crediticio para
garantizar el crédito que sería otorgado a la sociedad y con esto terminar la
obra.
El
desconocimiento por parte de algunos concejales del derecho societario y de la
participación del municipio en esta sociedad, ha hecho que por parte de las
barras que han sido invitadas a las sesiones, se produzca una algarabía y una
manifestación de alegría como si lo logrado por los honorables concejales de la
nueva coalición Opción Conservadora fuera lo mejor para Melgar.
El
retraso de la obra afecta la buena imagen del concejo al no garantizar
jurídicamente las decisiones, y por supuesto a la comunidad porque al no terminarse las obras se perjudica el
desarrollo del municipio, el comercio, a los inversionistas, y quedamos ante el
país como una ciudad que por defender posiciones políticas no se preocupa por
el bienestar de la región, la ciudad y sus gentes.
